El gobierno talibán ha oficializado un nuevo código de procedimiento penal que marca un retroceso histórico en materia de derechos humanos en Afganistán. El documento, firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada a principios de 2026, consta de 119 artículos que sustituyen definitivamente el marco legal anterior por una interpretación extremista de la ley islámica. Según denuncian organismos internacionales, esta normativa no solo legitima la violencia contra las mujeres, sino que restaura formalmente la esclavitud y establece un orden social basado en castas.
Entre las disposiciones más alarmantes, el artículo 32 establece que un hombre que cause lesiones graves a su esposa, como la fractura de huesos, solo podrá ser castigado con un máximo de 15 días de prisión. Además, el nuevo código estipula que la violación solo es punible si la víctima presenta lesiones «graves y visibles»; si los hematomas desaparecen antes de la denuncia, el delito se considera inexistente. Asimismo, se criminalizan actos cotidianos, como que una mujer visite repetidamente la casa de sus padres sin el permiso de su marido.
El marco legal también introduce un sistema de cuatro clases sociales (eruditos, élite, clase media y clase baja), donde las penas por un mismo delito varían según la posición del acusado, otorgando impunidad casi total a las clases altas. El artículo 4 permite explícitamente que los castigos sean impuestos de forma discrecional por el marido o el «amo», equiparando legalmente la situación de las mujeres a la de los esclavos. Esta estructura elimina la igualdad ante la ley y deja la seguridad de la población vulnerable al arbitrio de sus «tutores».
Organizaciones como el Instituto de Georgetown para la Mujer y el observatorio CISDA han calificado estas medidas como la institucionalización de un «apartheid de género». Activistas afganos advierten que el código está diseñado para disciplinar a la sociedad mediante el terror, prohibiendo incluso el debate público sobre estas leyes bajo amenaza de represalias. La comunidad internacional ha expresado su condena ante lo que consideran la privación total de protección legal para millones de personas en el país asiático.